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STC 022/2014, de 13 de febrero | BOE de 11 de marzo 201

El centralista SEPE

20/10/2014 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de SMC-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:Santiago Martínez-Vares García, Voto particular: Luis Ignacio Ortega Álvarez

Voces:

  • Competencias del SEPE y gestión de programas supraautonómicos

Supuesto:

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat catalana contra diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.

Criterio:

El Estado ostenta competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (Art. 149.1.13 CE), y por tanto la facultad de adoptar medidas en materia de fomento de empleo, en tanto no incidan en la regulación de la relación laboral que constituye materia en la que el Estado cuenta con competencia exclusiva (art. 149.1.7 CE).

Por su parte la Generalitat tiene competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, con el alcance fijado en la STC 31/2010, de 28 de junio; y es titular de la competencia para la promoción de la actividad económica en Catalunya, sobre su ordenación, y el desarrollo y gestión de la planificación general de la misma, de conformidad con su Estatut (fj 4).

Se impugna el art. 3.1 de la Ley de Empleo, al encomendar al Gobierno la elaboración de normas en materia de fomento de empleo, que no desposee a las CCAA de su capacidad normativa sobre propios programas de empleo, en la medida que contravengan las políticas activas estatales (fj 5). También se impugna su art. 3.3 sobre los planes de acción para el empleo, sin que se imponga exigencia expresa de conformidad de un organismo estatal respecto a los planes autonómicos, sin perjuicio de que estos deban ser conformes al plan nacional (fj 6). En cuanto a las competencias del SEPE sobre programas supraautonómicos (art. 13.e.1 y 2 Ley de Empleo), su gestión centralizada, en distintos aspectos, se encuentra justificada excepcionalmente (fj 7). Por último en cuanto a la DAd 4ª, no se impone limitación de las potestades de las CCAA, al establecerse una mera posibilidad de gestión centralizada, condicionada el acuerdo previo con aquellas (fj 8).

Se desestima en definitiva el recurso.

Reitera criterio:

STC 95/2002, de 25 de abril (fj 11); y 31/2010, de 28 de junio (ffjj 61 y 106)

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de SMC-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de SMC-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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